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A pocos días de las elecciones del 3 de noviembre, Stateline estima que la desaceleración de las naturalizaciones ha impedido que unos 380.000 inmigrantes se conviertan en ciudadanos y votantes. Tribunales de California frenaron dos medidas federales: una sobre boletas y otra sobre detenciones en la calle.
Los retrasos en la ciudadanía frenan a posibles votantes
La naturalización más lenta del último año ha dejado en espera a unos 380.000 inmigrantes que podrían haberse convertido en ciudadanos —y en votantes— si las aprobaciones hubieran mantenido su ritmo anterior, según estimaciones de Stateline. USCIS aprobó unas 55.000 solicitudes de ciudadanía entre abril y junio, frente a más de 230.000 en el mismo periodo del año pasado, mientras la agencia añadía revisiones de redes sociales y requisitos más estrictos de inglés y educación cívica. Un portavoz de USCIS dijo al medio que “la naturalización es un privilegio, no un derecho”. [Stateline]
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Fracasa en apelación la ofensiva contra boletas en California; se abre una investigación penal
Un panel dividido del 9.º Circuito rechazó la petición del Departamento de Justicia de impedir que California cuente las boletas por correo de más de 20.000 votantes que, según alega, probablemente no son ciudadanos, al considerar que el Departamento no le dio al juez de primera instancia una oportunidad justa de pronunciarse primero. Ese juez, David O. Carter, se negó después a ordenar que se apartaran las boletas, citando “un patrón amplio y continuo de intentos de interferencia electoral”. Desde entonces, las autoridades federales abrieron una investigación penal y citaron a funcionarios electorales locales por supuestos votos de no ciudadanos, según información de The New York Times. [NBC News, CalMatters, EFE]
Detenidos en Krome inician una huelga de hambre
Al menos 20 personas recluidas en el centro de detención Krome de Miami dejaron de comer para exigir la revisión de sus casos, informa Univision. En una videollamada, los detenidos describieron falta de insulina, comida en mal estado y maltrato por parte de los guardias, mientras las esposas de dos detenidos cubanos dijeron temer que sus maridos sean deportados a África. [Univision]
El DHS intenta retirar los datos filtrados de su personal
El DHS, a través de la firma de ciberseguridad ZeroFox, pidió al proveedor islandés FlokiNET que retirara un sitio que enumera a decenas de miles de sus empleados, entre ellos personal de ICE y CBP. FlokiNET se negó, pero el registrador del sitio suspendió el dominio y los datos se trasladaron a una nueva dirección. La solicitud forma parte de una ofensiva más amplia del DHS contra la filtración Icepick, de unos 41.000 registros de personal. [Al Jazeera, BankInfoSecurity]
Detenidos en Indiana demandan por aislamiento y atención médica
Tres personas recluidas en el Miami Correctional Facility de Indiana, el llamado “Speedway Slammer”, presentaron una demanda el jueves en la que alegan semanas de aislamiento y una “peligrosa crisis médica”. La demanda de 72 páginas, presentada ante un tribunal federal por la ACLU y otras organizaciones, describe nueve semanas en aislamiento, una celda inundada de aguas residuales e insultos racistas, y buscará el carácter de demanda colectiva. Dos detenidos han muerto en esa prisión estatal este año. [Associated Press, IndyStar]
Siguen enviando a jóvenes migrantes embarazadas al sur de Texas
El gobierno sigue colocando a niñas no acompañadas embarazadas en albergues del sur de Texas, donde escasea la atención obstétrica especializada, pese a las objeciones de congresistas de California. Los registros muestran que al menos cuatro tuvieron que ser trasladadas fuera del estado para recibir atención médica desde julio de 2025, incluido al menos un aborto; el HHS afirma que sus asignaciones siguen las mejores prácticas de bienestar infantil. [LAist, Texas Public Radio]
Jueza prohíbe detenciones migratorias por motivos raciales en el sur de California
La jueza federal de distrito Maame Frimpong prohibió a los agentes de inmigración en todo el sur de California detener a personas por parecer latinas o latinas de clase trabajadora, y exigió una sospecha razonable individualizada; el gobierno está apelando. La orden judicial preliminar abarca siete condados, excluye los puertos de entrada y los puestos de control, y certifica parcialmente una clase en un caso que comenzó con un incidente en Pasadena en 2025. La ACLU del Sur de California, que representa a los demandantes, afirma que vigilará su cumplimiento. [Los Angeles Times, Los Angeles Daily News, United Farm Workers]
Próximamente
Las próximas cuatro semanas.
- 9 de noviembre de 2026
DHS propone cobrar a estudiantes F-1 $70,000 por un período inicial de Capacitación Práctica Opcional (OPT) y $30,000 por un período posterior. Las tarifas no están vigentes: los comentarios sobre la regla propuesta cierran el 9 de noviembre, y los comentarios específicamente sobre el papeleo obligatorio y las estimaciones de recopilación de información cierran el 7 de diciembre.
- 10 de noviembre de 2026
DHS propone poner fin a la norma que permite a ciertos trabajadores H-1B, O-1 y de otras categorías cubiertas—y a sus familias—permanecer en Estados Unidos hasta 60 días después de perder el empleo. El período de gracia sigue vigente por ahora; los comentarios sobre la propuesta cierran el 10 de noviembre.
- 13 de noviembre de 2026
USCIS propone poner fin a la norma que, por lo general, indica a los funcionarios dar peso a una aprobación anterior al decidir una prórroga con los mismos hechos. La propuesta no está vigente; los comentarios cierran el 13 de noviembre.
El 13 de noviembre cierran los comentarios sobre la regla de DHS que reduce de 30 a 10 días el plazo para que las personas refugiadas respondan a avisos que proponen terminar su estatus. Un tribunal bloqueó el plazo reducido hasta el 6 de noviembre para quienes recibieron entre el 14 y el 27 de octubre avisos que les daban menos de 30 días.
- 16 de noviembre de 2026
Las personas que solicitaron o recibieron beneficios por desempleo verán que su información confidencial del programa de desempleo (UC) podrá entregarse a funcionarios federales: la regla final obliga a las agencias estatales a darle esos datos al gobierno federal, incluida la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG), para auditorías, supervisión del programa y detección de fraude.
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En todo el sistema
El Comité Estadounidense-Árabe contra la Discriminación lanzó un portal nacional para que los viajeros denuncien incautaciones de teléfonos y computadoras portátiles por parte de CBP en aeropuertos y fronteras. [American-Arab Anti-Discrimination Committee]
El DHS afirma que ICE arrestó a 4.170 personas en su “Misión Estrella Solitaria” de 10 días en Texas. [Department of Homeland Security]
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, cuestiona normas estatales que niegan licencias de conducir a inmigrantes con permisos federales de trabajo, y dijo que acababa de “enterarse” de ellas. [News From The States]
La familia de un guatemalteco que murió en Otay Mesa afirma que ICE lo identificó erróneamente y rebate la versión de la agencia sobre sus antecedentes penales. [KPBS]
La junta del Corrections Center of Northwest Ohio votó 8 a 2 para mantener su contrato con ICE, aunque el alguacil del condado de Lucas apoyó por primera vez ponerle fin. [WTOL]
Estudiantes internacionales de Northwestern buscan respuestas después de que la universidad dejara de aprobar la mayoría de las solicitudes de Curricular Practical Training. [The Daily Northwestern]
ProPublica publicó una lista consultable de más de 500 casos de ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes de inmigración. [ProPublica]
Un nuevo informe del ILRC examina reportes de la policía de Houston clasificados como “consulta migratoria” en 2025 y las tendencias hacia 2026. [Immigrant Legal Resource Center]
Los senadores Angus King y Mike Rounds piden el máximo de visas H-2B para aliviar la escasez de trabajadores de temporada. [U.S. Senate]
Una impugnación sindical contra la vigilancia gubernamental de las redes sociales de inmigrantes enfrenta un camino incierto tras la muerte del juez Alvin Hellerstein, quien había permitido que el caso siguiera adelante. [The Christian Science Monitor]