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Los demócratas preparan citaciones para ICE, un juez elimina las condiciones migratorias para las subvenciones estatales de justicia y Texas, Massachusetts y Colorado redefinen los límites de la cooperación local.
Las próximas mayorías demócratas ponen la mira en la capacitación, el gasto y los contratos de ICE
Los demócratas del Congreso preparan investigaciones, audiencias y citaciones sobre la agenda migratoria del Gobierno. Sus principales objetivos en materia de seguridad nacional, informa Bloomberg Government, son los requisitos de capacitación de ICE, los miles de millones que los republicanos destinaron el año pasado al control migratorio y los contratos de centros de detención. El representante Robert Garcia, quien se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha señalado como objetivos las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en enero, el uso de la fuerza contra ciudadanos estadounidenses, las condiciones de detención y los contratos sin licitación, informa Migrant Insider. Treinta y siete personas murieron bajo custodia de ICE este año, la cifra más alta registrada. [Bloomberg Government, Migrant Insider]
Las citaciones son la herramienta más poderosa de la mayoría; intervenir en el financiamiento es más difícil. La ley One Big Beautiful Bill Act garantiza a ICE abundantes recursos durante el resto del mandato del presidente Trump, y cualquier intento de recuperar esos fondos casi con seguridad se toparía con un veto, señala Scripps News. Su investigación ICE Inc. apunta al tipo de contrato que los investigadores podrían examinar a fondo: más de 1.000 millones de dólares para Acquisition Logistics LLC, una empresa que opera desde una casa en una zona suburbana, para poner en marcha el centro de detención Camp East Montana, en Texas, donde han muerto tres detenidos. «CONSÍGANSE UN ABOGADO», publicó Garcia la noche electoral; el asesor jurídico principal del DHS, James Percival, desestimó las próximas investigaciones como «maniobras políticas». [Scripps News]
Human Rights Watch insta al nuevo Congreso a restablecer los organismos de supervisión desmantelados, fijar salvaguardas contra el uso excesivo de la fuerza y exigir responsabilidades a funcionarios y agentes. «Sin una supervisión integral y rendición de cuentas, lo más probable es que las prácticas abusivas continúen con impunidad», dijo Michael García Bochenek, director interino del programa de la organización para Estados Unidos. [Human Rights Watch]
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Un juez rechaza las condiciones migratorias para las subvenciones de justicia
El juez presidente del tribunal federal de distrito John McConnell dictaminó oralmente en Providence el 4 de noviembre que el Departamento de Justicia no puede exigir a 22 estados y al Distrito de Columbia que cooperen con el control migratorio para recibir subvenciones de seguridad pública y justicia juvenil. Las condiciones habrían obligado a los beneficiarios a dar a los agentes federales acceso a inmigrantes bajo custodia estatal y a notificar al DHS de su puesta en libertad. Se aplicaban a las subvenciones Byrne de asistencia a la justicia —80 millones de dólares para los estados en el año fiscal 2025— y a los fondos Byrne de intervención en crisis y justicia juvenil. Oregón afirma que la orden despeja el camino para recibir este año 667.119 dólares destinados a Youth Development Oregon. «El Congreso reservó estos fondos para ayudar a los niños, no para usarlos como palanca para impulsar una agenda partidista y antiinmigrante», dijo el fiscal general Dan Rayfield. [Reuters, Oregon Department of Justice]
Las victorias en Texas reabren el debate sobre la cooperación local con ICE
Gina Hinojosa derrotó ampliamente al gobernador Greg Abbott, y los demócratas ganaron todos los demás cargos de elección estatal y el control de la Cámara de Representantes de Texas; el Senado estatal mantiene una mayoría republicana bajo la vicegobernadora electa demócrata Vikki Goodwin. KXAN analiza qué significa esto para la ley SB 8, que exige a los sheriffs de los condados que operan cárceles o contratan sus servicios que soliciten acuerdos 287(g), los cuales otorgan ciertas facultades migratorias federales a agentes locales capacitados. Ampliar ese mandato requeriría ahora la aprobación de la legislatura y la firma de la gobernadora, o suficientes votos para superar un veto. [The Texas Tribune, KXAN]
En Houston, la concejala Alejandra Salinas planea retomar en enero su ordenanza para limitar la cooperación policial con ICE. El concejo la derogó a principios de este año después de que Abbott amenazara con retirar 114 millones de dólares en subvenciones. «Si hay una oportunidad de hacer cambios antes, sin duda lo haremos», dijo Salinas. [Houston Chronicle]
Las protecciones en los tribunales de Massachusetts se ponen a prueba el primer día
La prohibición de la ley PROTECT de realizar arrestos migratorios civiles en los tribunales y sus alrededores sin una orden judicial entró en vigor el 3 de noviembre, y los defensores de los inmigrantes afirman que se incumplió ese mismo día. «Cuatro personas se estaban llevando a un joven dentro del propio tribunal», dijo Gladys Vega, presidenta de La Colaborativa, quien afirma que un agente preguntó por el hombre por su nombre dentro de la sala y después lo esposó sin mostrar una orden judicial. El tribunal de primera instancia confirmó la detención; el DHS no respondió a GBH. [GBH]
La ley considera esos arrestos una privación ilegal de la libertad conforme a la legislación estatal y permite que la fiscal general demande a ICE por incumplimientos, informa New Bedford Light, y las directrices judiciales prohíben a los empleados de los tribunales de primera instancia interferir en los arrestos de ICE o ayudar a realizarlos. [New Bedford Light]
Colorado rechaza un mandato de cooperación con ICE
Los votantes de Colorado rechazaron la Enmienda 81 por un 55% frente a un 45%, informa The Colorado Sun, lo que define una contienda que Colorado Politics mostraba con el rechazo en cabeza, pero aún sin resultado definitivo, en nuestra edición del 4 de noviembre. La enmienda constitucional habría obligado a policías, agentes de los sheriffs y fiscales a avisar al DHS cuando acusaran de un delito violento a alguien cuya situación migratoria estuviera en duda, o que tuviera una condena previa por un delito grave. Siguen intactas las leyes estatales que limitan la cooperación con ICE, incluida la prohibición de compartir información personal sin una orden de un juez. [The Colorado Sun, Colorado Politics]
Próximamente
Las próximas cuatro semanas.
- 9 de noviembre de 2026
DHS propone cobrar a estudiantes F-1 $70,000 por un período inicial de Capacitación Práctica Opcional (OPT) y $30,000 por un período posterior. Las tarifas no están vigentes: los comentarios sobre la regla propuesta cierran el 9 de noviembre, y los comentarios específicamente sobre el papeleo obligatorio y las estimaciones de recopilación de información cierran el 7 de diciembre.
- 10 de noviembre de 2026
DHS propone poner fin a la norma que permite a ciertos trabajadores H-1B, O-1 y de otras categorías cubiertas—y a sus familias—permanecer en Estados Unidos hasta 60 días después de perder el empleo. El período de gracia sigue vigente por ahora; los comentarios sobre la propuesta cierran el 10 de noviembre.
- 13 de noviembre de 2026
USCIS propone poner fin a la norma que, por lo general, indica a los funcionarios dar peso a una aprobación anterior al decidir una prórroga con los mismos hechos. La propuesta no está vigente; los comentarios cierran el 13 de noviembre.
El 13 de noviembre cierran los comentarios sobre la regla de DHS que reduce de 30 a 10 días el plazo para que las personas refugiadas respondan a avisos que proponen terminar su estatus. Un tribunal bloqueó el plazo reducido hasta el 6 de noviembre para quienes recibieron entre el 14 y el 27 de octubre avisos que les daban menos de 30 días.
- 16 de noviembre de 2026
Las personas que solicitaron o recibieron beneficios por desempleo verán que su información confidencial del programa de desempleo (UC) podrá entregarse a funcionarios federales: la regla final obliga a las agencias estatales a darle esos datos al gobierno federal, incluida la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG), para auditorías, supervisión del programa y detección de fraude.
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Panorama del sistema
Los límites de Nueva York a la cooperación con ICE siguen vigentes por ahora. Un juez rechazó la solicitud de los sheriffs de suspender de inmediato la prohibición estatal de que los agentes colaboren con agentes federales de inmigración para realizar arrestos civiles. [Bloomberg Law]
Investigadores iraníes enfrentan un limbo migratorio y laboral. Nature documenta trámites migratorios paralizados, interrupciones laborales y presiones familiares entre científicos iraníes que inician su carrera en Estados Unidos, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. [Nature]
Un nuevo estudio examina la expansión de la detención privada de ICE. El Centro Binger para Nuevos Estadounidenses de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota publicó el 4 de noviembre un estudio actualizado sobre los centros privados de detención y las empresas que los operan. [University of Minnesota Law School]
Una guía explica cómo evitar órdenes de deportación por faltar a las audiencias. El National Immigration Project detalla las barreras para asistir al tribunal de inmigración y ofrece consejos para evitar una orden en ausencia. [National Immigration Project]
Una visa válida no garantiza la admisión en un aeropuerto estadounidense. Un análisis de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración explica cómo decide CBP la admisión en el puerto de entrada y cuándo puede cancelar una visa o denegar el ingreso; la inspección secundaria no es un arresto, pero las declaraciones que se hagan allí pueden incorporarse al expediente migratorio del viajero. [American Immigration Lawyers Association]
Un tribunal desestimó la impugnación federal de las políticas de santuario de Rochester. Determinó que las políticas no regulaban ni discriminaban ilegalmente al Gobierno federal y que la legislación federal no las invalidaba. [Law360]
Comenzó la selección del jurado en el juicio contra GEO Group por trabajo forzoso. Un grupo de inmigrantes recluidos en el Centro de Detención por Contrato de Denver entre 2004 y 2014 afirma que GEO los obligó a trabajar por un dólar al día bajo amenaza de aislamiento; GEO sostiene que cumplió las normas de ICE y del Congreso para un programa de trabajo voluntario. [Courthouse News Service]
Los registros de dispositivos en la frontera se acercan a un máximo histórico. CBP registró un 32% más de teléfonos y computadoras en los tres primeros trimestres del año fiscal 2026 que un año antes, informa la Freedom of the Press Foundation, que cita datos de CBC News y ofrece orientación sobre seguridad digital para viajeros. [Freedom of the Press Foundation]