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Las cifras récord de control migratorio del año fiscal chocan hoy con crecientes fricciones legales, municipales y diplomáticas—desde demandas de detención sin oposición en el oeste de Washington y reclamos de México por 18 muertes hasta ciudades que intentan frenar cárceles en almacenes y una verificación federal de vivienda más estricta.
ICE registra récord de deportaciones y arrestos en el año fiscal 2026 en medio de tensión política tras las intermedias
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) realizó 483,200 deportaciones y más de 491,000 arrestos en el año fiscal 2026, cifras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 12 de noviembre como los totales anuales más altos en los 23 años de historia de la agencia. El conteo de expulsiones formales supera en un 9% las 442,640 del año fiscal 2025 y en un 78% el último año completo de la presidencia de Biden, aunque DHS no precisó cuántos deportados tenían antecedentes penales. [ICE, Associated Press]
Los picos anteriores se acercan. Datos internos de ICE obtenidos por el centro Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse muestran que las deportaciones de este año fueron las más altas desde el año fiscal 2009, cuando ICE bajo el presidente Barack Obama deportó a 489,251 personas—más que el total de este año—y que las salidas y retornos voluntarios representaron el 37% de las deportaciones en julio y agosto. Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, advirtió que las comparaciones entre gobiernos pueden resultar engañosas porque más de 2 millones de expulsiones bajo el Título 42 durante el gobierno de Biden no se contabilizan como deportaciones formales. Las cifras se conocen una semana después de unas elecciones intermedias en las que las encuestas mostraron rechazo de los votantes al control agresivo. [Reason, Newsweek, Politico]
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México presiona a fiscalías de EE. UU. por connacionales muertos o heridos bajo custodia y en redadas de ICE
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó el 12 de noviembre que envió 22 cartas a fiscalías estadounidenses exigiendo rendición de cuentas por ciudadanos mexicanos muertos o heridos bajo custodia de ICE y en operativos migratorios, y que 11 oficinas han respondido hasta ahora. En seguimiento a reportes recientes sobre muertes en detención, la cancillería detalló que las misivas se dirigieron a ocho fiscales generales estatales y 14 fiscalías de condado y abarcan a 18 ciudadanos mexicanos fallecidos bajo custodia o en redadas de ICE desde enero de 2025, además de casos de lesiones que incluyen un incidente en Houston por el cual un gran jurado del condado de Harris imputó a un agente de ICE. Funcionarios de la embajada mantienen contacto con fiscales en los condados de Harris y Webb, en Texas, y de Ventura, en California, mientras que las familias han presentado demandas civiles en tres de los 18 casos de muerte y cinco decidieron no acudir a los tribunales. [N+, Infobae, Zócalo]
El gobierno avanza en convertir almacenes en centros de detención mientras ciudades buscan ganar tiempo
El gobierno de Trump avanzó en la última semana con la conversión de dos almacenes comerciales en centros de detención migratoria, adjudicando un contrato de adaptación en Roxbury, Nueva Jersey, pese a una orden judicial que prohibía a DHS dar ese paso. Ciudades y estados resisten donde tienen margen: San Antonio utiliza su demanda contra un proyectado almacén de 1,500 camas para demorar la obra hasta que una mayoría demócrata asuma el control de la Cámara de Representantes en enero, y tras la disputa por un predio en Newport, la gobernadora Tina Kotek pidió a los legisladores de Oregón prohibir nuevos centros de detención migratoria en todo el estado, aunque tribunales federales de apelaciones han anulado vetos estatales a contratos privados de detención federal en California y Nueva Jersey. [NPR, The New York Times, Lincoln Chronicle]
HUD finaliza norma más estricta de verificación migratoria para hogares de estatus mixto en vivienda subsidiada
Una regla final del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) programada para publicarse el 12 de noviembre endurece la verificación de ciudadanía y estatus migratorio en toda la asistencia federal de vivienda a partir del 14 de diciembre. Aplicable a Vivienda Pública, Sección 8 y otros programas de alquiler, la norma exige que cada integrante del hogar, sin importar su edad, demuestre ciudadanía o estatus elegible mediante el sistema SAVE de DHS, eliminando la exención para residentes de 62 años o más. También convierte la ayuda prorrateada para hogares de estatus mixto en un beneficio temporal mientras se verifica el estatus—un cambio que, según estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities citadas en la cobertura, podría poner en riesgo el apoyo habitacional de unas 80,000 personas, incluidos casi 37,000 niños, entre ellas más de 3,000 familias de estatus mixto en la ciudad de Nueva York, donde The Legal Aid Society afirma que evalúa impugnar la medida en tribunales. [National Law Review, Clarín, El Diario NY]
Falta de personal deja a ICE sin defensa del gobierno en casos de hábeas corpus en el oeste de Washington
La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington afirma que carece de personal suficiente para responder a cada demanda por detención migratoria y dejará que los jueces federales resuelvan muchos recursos de hábeas corpus sin oposición del gobierno. El fiscal federal interino Charles Neil Floyd notificó al juez presidente David S. Estudillo que decenas de recursos semanales han desbordado a los fiscales civiles, explicando que los tribunales podrán resolver las peticiones únicamente con los escritos de los detenidos cuando ningún abogado del gobierno se apersone dentro de los siete días hábiles posteriores a una orden de programación. El déficit evidencia cómo la ola de impugnaciones a detenciones—el zar fronterizo Tom Homan cifró recientemente en unos 85,000 los casos de hábeas corpus que pesan sobre las cortes del país—ha frustrado tanto a funcionarios del gobierno como a jueces y defensores que sostienen que ICE ha vulnerado derechos individuales. [Pioneer Press, Univision, Houston Chronicle]
Próximamente
Las próximas cuatro semanas.
- 13 de noviembre de 2026
USCIS propone poner fin a la norma que, por lo general, indica a los funcionarios dar peso a una aprobación anterior al decidir una prórroga con los mismos hechos. La propuesta no está vigente; los comentarios cierran el 13 de noviembre.
El 13 de noviembre cierran los comentarios sobre la regla de DHS que reduce de 30 a 10 días el plazo para que las personas refugiadas respondan a avisos que proponen terminar su estatus. Un tribunal bloqueó el plazo reducido hasta el 6 de noviembre para quienes recibieron entre el 14 y el 27 de octubre avisos que les daban menos de 30 días.
- 16 de noviembre de 2026
Las personas que solicitaron o recibieron beneficios por desempleo verán que su información confidencial del programa de desempleo (UC) podrá entregarse a funcionarios federales: la regla final obliga a las agencias estatales a darle esos datos al gobierno federal, incluida la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG), para auditorías, supervisión del programa y detección de fraude.
La oficina que administra las cortes de inmigración (EOIR, parte del Departamento de Justicia) propone eximir un nuevo sistema de expedientes sobre fraude y abuso (JUSTICE/EOIR-006) de ciertas partes de la Ley de Privacidad: en la práctica, una persona no podría pedir ver ni corregir lo que ese sistema guarde sobre ella, ni saber a quién se compartió. El público puede enviar comentarios hasta el 16 de noviembre de 2026.
- 1 de diciembre de 2026
La Corte Suprema escuchará en diciembre los argumentos orales sobre las deportaciones a terceros países —es decir, enviar a una persona a un país que no es el suyo—, práctica que sigue permitida mientras avanza el caso, según una orden breve y sin firma del 29 de septiembre de 2026. Se espera el fallo en 2027 y definirá cuánto aviso previo debe recibir la persona y cómo puede plantear su temor a sufrir daño en ese país en concreto.
- 3 de diciembre de 2026
Quienes participaron en la lotería de visas de diversidad para el año fiscal 2027 deben recibir la notificación de si fueron seleccionados a más tardar el 3 de diciembre de 2026: así lo ordenó un juez al Departamento de Estado. Queda por verse si los resultados salen en esa fecha, porque el caso sigue en los tribunales y una decisión posterior podría moverla.
- 7 de diciembre de 2026
Los estudiantes internacionales que trabajan después de graduarse (OPT) y las escuelas que tramitan ese permiso tienen una segunda ventana para comentar la propuesta de DHS que crearía un cobro: además del plazo sobre la regla en sí, corre un periodo de 60 días sobre la parte de papeleo y recolección de información. Si la propuesta se publicó el 8 de octubre de 2026, ese plazo cerraría alrededor del 7 de diciembre; la fecha exacta aparece en el aviso publicado.
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En el sistema
El Departamento de Justicia desistió de su apelación ante el Noveno Circuito contra el bloqueo judicial a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el 12 de noviembre. El desistimiento voluntario mantiene vigente una medida cautelar preliminar que prohíbe la expulsión bajo poderes de guerra de detenidos venezolanos recluidos en el Distrito Central de California a quienes el gobierno acusó de pertenecer al Tren de Aragua. [Bloomberg Law]
Un memorando de políticas de USCIS del 4 de noviembre vincula la evaluación de “buen carácter moral” en la naturalización con el uso de beneficios públicos y las obligaciones de patrocinio, informan abogados de inmigración. Según un resumen jurídico del Memorando de Políticas PM-602-0201, los oficiales que deciden solicitudes del Formulario N-400 pueden sopesar en contra de los solicitantes de ciudadanía el incumplimiento deliberado de manutención de dependientes, el fraude en beneficios o la ruptura de compromisos en los Formularios I-864 e I-134. [International Legal and Business Services Group]
La Corte Suprema escuchó argumentos orales el 9 de noviembre en Nielsen v. Watanabe, la demanda por atención médica de una reclusa federal en Honolulu que pone a prueba los reclamos de indemnización constitucional contra agentes federales. Los magistrados se mostraron inclinados a restringir las demandas de presos por negligencia médica sin revocar el precedente *Bivens* de 1971, una doctrina que observadores jurídicos siguen de cerca ante el aumento de demandas contra agentes de ICE. [The Daily Record]
ProPublica publicó perfiles documentados de ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes federales de inmigración, a partir de más de 500 casos identificados desde enero de 2025. Los relatos—que abarcan a niños, adolescentes y trabajadores retenidos durante horas o días—contradicen las declaraciones escritas de DHS de que los agentes no arrestan a ciudadanos y liberan de inmediato a los estadounidenses una vez identificados. [ProPublica]
El detenido chino Chaofeng Ge pidió dos veces ser alojado con hablantes de mandarín antes de morir por suicidio en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, en el oeste de Pensilvania, en agosto de 2025. Registros obtenidos mediante la ley FOIA por los abogados de la familia muestran que ambas solicitudes quedaron sin respuesta pese a que cuatro detenidos chinos vivían en otra unidad y a que los expedientes de traslado advertían sobre intentos previos de suicidio. [Documented]
Al menos 23 estados analizaron proyectos de ley sobre la actividad de ICE en torno a escuelas K-12 en 2026 después de que el gobierno rescindiera las protecciones federales para lugares sensibles. Treinta y cinco de las 40 propuestas revisadas buscaban restringir el acceso de agentes migratorios a los planteles, mientras que Misisipi aprobó una ley que obliga a los distritos escolares a cooperar con el control federal. [NPR]
Funcionarios de Doral, Florida, bloquearon el intento de una concejala de revisar el acuerdo policial 287(g) de la ciudad con ICE en la sesión del concejo del 18 de noviembre. El abogado municipal rechazó incluir el punto en la agenda invocando un plazo de impacto fiscal de 14 días y citó una opinión pendiente del fiscal general del estado en una de las primeras pruebas poselectorales sobre cooperación local en Florida. [Axios Miami]
USCIS amplió la renovación prevista de sus Servicios de Biometría e Identidad Migratoria a una licitación de entre 200 y 250 millones de dólares, por encima de una adquisición descrita antes en más de 100 millones. La agencia prevé emitir el 1 de diciembre una solicitud de cotizaciones que consolide registros biométricos, resolución de identidad, aprendizaje automático y programación de citas hasta febrero de 2032. [Biometric Update]
Líderes de la construcción del sur de Texas se reunieron en Washington con el representante Henry Cuellar para presionar a los legisladores por la escasez de mano de obra y los retrasos en edificación de viviendas ligados a operativos laborales. Los constructores señalaron que el temor a redadas sin orden judicial mantiene alejados de las obras incluso a trabajadores con documentos legales. [KGNS]

