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Hoy: una prueba de un arma de rayos de calor en la frontera, investigaciones federales sobre votantes, elecciones a sheriff y 287(g), abogados para menores y evaluaciones de asilo.
El Pentágono presta al DHS un arma de rayos de calor para probarla en la frontera
El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a probar un arma militar de rayos de calor y desarrollar tácticas para un posible uso en la frontera sur, conforme a un memorando que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó en septiembre. El arma, llamada Sistema de Negación Activa, dispara un rayo invisible que provoca una sensación de ardor. El memorando presta un sistema al DHS por siete meses, prohíbe que personal del Pentágono lo opere y hace al DHS el único responsable de cómo se use. El memorando filtrado salió a la luz por primera vez el 8 de octubre. [CNN, Scripps News, Semana, La Hora, Jim Acosta]
La idea lleva años circulando en la frontera. El sector de El Centro evaluó el sistema cuando Rodney Scott, ahora comisionado de CBP, estaba a cargo, y sopesó si podía sacar a las personas de un río cercano; un exfuncionario de CBP advirtió: «no quieres que se metan y se ahoguen». En 2018, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó usarlo contra los migrantes. CBP dijo que «evalúa constantemente nuevas tecnologías». [La Hora, Scripps News]
En un panorama más amplio, un análisis de Just Security sobre el inventario de inteligencia artificial del DHS concluye que el departamento no clasifica como de «alto impacto» la aplicación ELITE de ICE —que usa inteligencia artificial para extraer de registros gubernamentales posibles direcciones de migrantes, incluidos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos—, lo que le permite omitir las pruebas y auditorías obligatorias. ICE y CBP enumeran 25 usos de alto impacto, incluida la aplicación de reconocimiento facial Mobile Fortify, pero revelan poco sobre sus medidas de protección. [Just Security]
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Los casos por votación se extienden más allá de los tribunales
Los fiscales federales acusaron a 28 residentes de California con tarjeta de residencia por delitos relacionados con la votación y arrestaron a 11 el 19 de octubre. Los fiscales alegan que 22 votaron en al menos una elección; cinco solo se registraron para votar. En otros lugares, agentes armados de Seguridad Nacional han estado tocando puertas en al menos seis estados para preguntar a los residentes sobre su estatus migratorio y si votaron. El Departamento de Justicia contabiliza a 156 personas acusadas de delitos de fraude electoral desde que comenzó la administración, de un total de 227 millones de votantes registrados. [U.S. Department of Justice, CalMatters, CBS News]
En un caso civil separado, el gobierno federal pidió a un juez que ordene a California apartar hasta 20.000 boletas enviadas por correo que, según afirma, podrían haber sido enviadas a no ciudadanos. En un escrito presentado el 20 de octubre, el fiscal general Rob Bonta sostuvo que la demanda roza lo absurdo. Funcionarios del condado de Los Ángeles que revisaron una muestra de 200 nombres dijeron que muchos parecen ser ciudadanos y que la mayoría no había votado. [CalMatters, Court filing]
287(g) Watch muestra quiénes se postulan para sheriff
A dos semanas del día de las elecciones, 287(g) Watch ahora muestra la contienda por el puesto de sheriff en la página de cada agencia de un condado que elige a su sheriff este año: quiénes son los candidatos, su partido y si alguno firmó el acuerdo 287(g) de la oficina con ICE. En casi todos los estados se elige a los sheriffs y, por lo general, ellos deciden si sus agentes ayudan a hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Por eso, votar por sheriff es una de las pocas maneras directas en que los votantes pueden opinar sobre la colaboración local con ICE. Encontramos 242 oficinas de sheriff con acuerdos para trabajar con ICE que tienen una contienda en la boleta. [287(g) Watch]
La red sigue creciendo: el sitio registra 2.231 agencias de 40 estados que habían firmado para trabajar con ICE al 16 de octubre, incluidas 146 en Pensilvania, mientras que los agentes autorizados de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte pueden preguntar a los conductores sobre su estatus migratorio. [287(g) Watch, PennLive, Enlace Latino NC]
Senadores cuestionan que abogados del gobierno representen a menores
Seis senadores pidieron al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., que revoque un plan para que abogados del departamento representen a menores no acompañados en la corte de inmigración. Argumentaron que el departamento no puede ser el abogado de los menores mientras los mantiene bajo custodia, decide dónde viven y comparte información con las autoridades de inmigración. «El juez de inmigración trabaja para la administración Trump. El fiscal también. Según su plan, también trabajaría para ella el abogado del menor», escribieron, citando una ley de 2008 que exige al departamento procurar asesoría legal pro bono independiente. [Sen. Ron Wyden]
En San Antonio, 183 menores no acompañados bajo custodia en albergues federales tenían casos de inmigración abiertos al 31 de agosto, de un total de 1.523 en todo el país, según el análisis de bklg.org de los expedientes judiciales. El contrato federal que financiaba a los proveedores de servicios legales comunitarios para esos menores venció el 31 de julio, y ahora más de ellos enfrentan audiencias sin abogados. [Texas Public Radio, bklg.org]
Nuevas evaluaciones de países podrían influir en decisiones de asilo
Las evaluaciones del Departamento de Estado enviadas a los funcionarios de asilo describen algunas zonas de México y Centroamérica como más seguras que ciertas ciudades de EE. UU., aunque las advertencias públicas de viaje alertan a los estadounidenses sobre los peligros de la región. Los documentos comparan favorablemente los delitos violentos allí con los de Baltimore y Houston. Esas evaluaciones podrían afectar si se considera que los solicitantes pueden reubicarse de manera segura dentro de sus propios países. [CNN, Prensa Libre]
Se suman a un sistema que ya rechaza la mayoría de las solicitudes: los datos de TRAC sobre decisiones de asilo de junio de 2026 muestran 13.994 denegaciones, 812 concesiones de asilo y 439 concesiones de otras formas de alivio migratorio. Entre los casos que terminaron con la concesión o denegación de asilo, se denegó el 94,5 %. [TRAC]
Próximamente
Las próximas cuatro semanas.
- 9 de noviembre de 2026
DHS propone cobrar a estudiantes F-1 $70,000 por un período inicial de Capacitación Práctica Opcional (OPT) y $30,000 por un período posterior. Las tarifas no están vigentes: los comentarios sobre la regla propuesta cierran el 9 de noviembre, y los comentarios específicamente sobre el papeleo obligatorio y las estimaciones de recopilación de información cierran el 7 de diciembre.
- 10 de noviembre de 2026
DHS propone poner fin a la norma que permite a ciertos trabajadores H-1B, O-1 y de otras categorías cubiertas—y a sus familias—permanecer en Estados Unidos hasta 60 días después de perder el empleo. El período de gracia sigue vigente por ahora; los comentarios sobre la propuesta cierran el 10 de noviembre.
- 13 de noviembre de 2026
USCIS propone poner fin a la norma que, por lo general, indica a los funcionarios dar peso a una aprobación anterior al decidir una prórroga con los mismos hechos. La propuesta no está vigente; los comentarios cierran el 13 de noviembre.
Una regla final provisional de DHS, ya vigente, reduce de 30 a 10 días el plazo para que una persona refugiada responda a un aviso de que DHS pretende terminar su estatus porque considera que no reunía los requisitos al momento de la admisión. DHS acepta comentarios después de la entrada en vigor hasta el 13 de noviembre.
- 16 de noviembre de 2026
Las personas que solicitaron o recibieron beneficios por desempleo verán que su información confidencial del programa de desempleo (UC) podrá entregarse a funcionarios federales: la regla final obliga a las agencias estatales a darle esos datos al gobierno federal, incluida la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG), para auditorías, supervisión del programa y detección de fraude.
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Alrededor del sistema
Nuevos expedientes judiciales muestran que investigadores federales de inmigración señalaron al activista Samuel Tunick como sospechoso de terrorismo antes de que agentes fronterizos lo detuvieran en el aeropuerto de Atlanta en enero de 2025, mientras le decían que buscaban material de abuso sexual infantil. Tunick, quien ingresó un código que borró su teléfono, enfrenta cargos penales por ello. [404 Media]
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó su demanda número 100 contra la administración Trump. Sostiene que los arrestos de ICE dentro o cerca de los juzgados estatales impiden que las personas participen en el sistema de justicia. [KAZU]
Organizaciones defensoras afirman que detenidos de ICE gravemente enfermos en Florida enfrentan una deportación inminente a países africanos no identificados después de que México se negara a recibir a algunos de ellos. [The Guardian]
La regla de carga pública, vigente desde el 18 de septiembre, permite que los funcionarios de inmigración tomen en cuenta el uso de beneficios como SNAP y Medicaid por parte de un solicitante al evaluar una solicitud de tarjeta de residencia. [Borderless Magazine]
Desde enero, educadores de San Francisco han acompañado a familias a más de 130 citas y audiencias de inmigración, mientras los arrestos de ICE en el área de la bahía superan en casi un 70 % los de 2025, según el Deportation Data Project. [ABC7 Bay Area]
Una caravana de unas 600 personas, en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, partió del sur de México; sus integrantes dicen creer que las elecciones de medio término de noviembre podrían cambiar su situación. [Associated Press]
La empresa de software Cloudera tiene prohibido por dos años patrocinar trabajadores mediante la certificación laboral PERM, un paso clave para obtener muchas tarjetas de residencia patrocinadas por empleadores, y pagará $600.000 en sanciones y $1,4 millones en salarios atrasados para resolver acusaciones federales de que dirigió a solicitantes estadounidenses a un proceso de contratación separado. [Reddy Neumann Brown]