Un nuevo conteo independiente sitúa las deportaciones cerca del millón, pero por debajo de la meta de la Casa Blanca. Una jueza frena las visitas puerta a puerta del DHS por presunto fraude electoral antes de las elecciones de medio mandato.

Casi un millón de deportaciones en 18 meses, por debajo de la meta de la Casa Blanca

El Migration Policy Institute (MPI) estima que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó unas 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026. Es una cifra acumulada de los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump. El MPI también calcula el ritmo anual: unas 660.000 deportaciones en el año fiscal 2026, frente a 620.000 en el primer año de la administración. Eso está un 26% por encima del promedio de 2021–2024, pero por debajo de los 1,86 millones registrados en el año fiscal 2000 y muy lejos de la meta de la administración de 1 millón al año. El MPI cuenta tanto las expulsiones formales como los retornos. [Migration Policy Institute]

Associated Press informa que el 69% de las deportaciones correspondió a personas interceptadas primero en la frontera, aun cuando la proporción de arrestos en el interior subió del 28% en 2025 al 39% en julio. AP también informa que la mayoría de los deportados nunca había sido condenada por un delito. Por separado, la Casa Blanca afirma que 1,2 millones de personas han sido deportadas o expulsadas, una cifra que AP no pudo conciliar con el conteo del MPI. La estimación independiente importa porque la administración dejó de publicar estadísticas detalladas de deportación, lo que deja el análisis del MPI, basado en solicitudes FOIA, como una de las pocas mediciones externas. Univision presenta el total como todavía por debajo de las cifras de deportación de la era Obama; la referencia del propio MPI es el pico de principios de los años 2000. [Associated Press, The Washington Post, Univision]

Una jueza limita las visitas puerta a puerta del DHS en busca de supuestos votantes no ciudadanos

Una jueza federal en California prohibió a agentes del DHS en nueve estados realizar operativos de campo relacionados con las elecciones dirigidos a personas que saben, o deberían sospechar razonablemente, que son ciudadanos estadounidenses. La orden también prohíbe operativos basados únicamente en datos de cotejo de USCIS sin una investigación adicional. En una orden de 19 páginas emitida el miércoles por la noche, la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín escribió que el gobierno usaba datos “defectuosos” y que sus esfuerzos probablemente violaban la prohibición de intimidar a votantes de la Ley de Derecho al Voto. Los estados son California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. El DHS dijo que no tiene “planes de interrogar o investigar a personas que creemos que son ciudadanos estadounidenses”. [NPR]

La jueza suspendió la orden hasta las 5 p. m. del viernes para dar al gobierno la oportunidad de apelar; después, seguirá vigente hasta el cierre de las urnas el día de las elecciones. No es un fallo definitivo en el caso. Los Angeles Times la sitúa dentro de una batalla legal más amplia entre la administración y California antes de las elecciones de medio mandato. La orden llega tras recientes informes del Daybook sobre agentes armados que tocaban puertas y sobre la investigación en nueve estados que la jueza ordenó detener. [CBS News, Los Angeles Times, Associated Press]

Cientos de ciudadanos estadounidenses atrapados en operativos migratorios

Una investigación de ProPublica encontró a más de 500 ciudadanos estadounidenses atrapados en los operativos migratorios de la administración. PBS NewsHour analizó los hallazgos con Nicole Foy, de ProPublica, junto con el caso de Ricardo Gonzalez. Gonzalez es un ciudadano estadounidense que fue detenido en Long Beach, California, y atendido en un hospital por heridas graves. ICE dice que participaba en disturbios y dañó un vehículo del gobierno; el video no muestra si el vehículo lo golpeó. El Tiempo Latino informa que ProPublica ha contabilizado 506 ciudadanos detenidos desde enero de 2025. También informa que el alcalde de Long Beach, Rex Richardson, pidió al DHS retirar de las calles a los agentes involucrados y presentó una queja ante el inspector general del DHS. El DHS afirma que los agentes usaron la fuerza mínima necesaria. La edición del 20 de octubre informó primero sobre el caso de Gonzalez. Ampliando la mirada, Migrant Insider informa sobre una conclusión de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) según la cual ICE no tiene garantías razonables de que sus agentes enciendan las cámaras corporales como exige su política. [ProPublica, PBS News, El Tiempo Latino, Migrant Insider]

La ayuda legal para inmigrantes mengua mientras el DOJ frena las acreditaciones

El Departamento de Justicia ha aprobado este año casi la mitad de solicitudes que antes para su programa de Reconocimiento y Acreditación, que permite a personas capacitadas que no son abogadas representar a inmigrantes. Borderless Magazine detectó la caída después de que el gobierno reasignara en marzo a los abogados del programa a puestos de oficinista de nivel inicial. Eso dejó a dos empleados de apoyo sin autoridad para aprobar o renovar solicitudes. Los demócratas de Colorado en el Congreso pidieron al DOJ asignar adjudicadores, eliminar el rezago y restablecer un estándar de tramitación de 90 días. Señalan que el 71% de las personas que enfrentan la deportación en los tribunales de inmigración de Colorado no tiene abogado. [Borderless Magazine, U.S. Senate]

La presión alcanza también a los niños. The Detroit News informa que abogados federales podrían asumir la representación de cientos de menores no acompañados en Míchigan. Los críticos cuestionan si abogados del departamento que tiene a los niños bajo custodia pueden ser independientes. En un caso aparte, el gobierno apela una orden judicial que exige restablecer la ayuda legal para niños indocumentados. Ambos hechos siguen al informe de la edición del 22 de octubre sobre senadores que cuestionan el plan para que abogados del HHS representen a los niños. [The Detroit News, Courthouse News Service]

The Border Chronicle empieza a rastrear a los contratistas del muro

The Border Chronicle presentó el Wall Watch Project y una base de datos de contratistas del muro fronterizo, un nuevo recurso público para seguir quién construye la barrera. La base de datos permite identificar a las empresas que construyen el muro fronterizo y seguir su trabajo a través de los registros federales de contratación y los documentos de las agencias. [The Border Chronicle]

Por el sistema

• La administración pidió el 21 de octubre a la Corte Suprema que permita reanudar la construcción del muro fronterizo en Big Bend, Texas. La solicitud busca levantar la orden del 2 de octubre de la jueza Kathleen Cardone que detuvo la construcción en la zona del proyecto. Es una solicitud de emergencia, no un fallo. [Univision, Reuters]

• La serie “ICE Revealed” de WUWM examina las condiciones de detención. El episodio informa sobre “negligencia sistémica”, mala gestión de medicamentos y 56 muertes en centros de detención de ICE. Amplía la cobertura reciente de muertes bajo custodia de ICE. [WUWM]

• USCIS cambia desde hoy, 23 de octubre, la forma de contar los plazos de presentación. Según la Alerta de Política PA-2026-15, los plazos que se cuentan en días siguen pasando al siguiente día hábil. Los plazos ligados a una fecha fija, como cumplir 21 años, ya no, así que una solicitud en papel que llegue el lunes puede ser tardía. Lo que cuenta es la fecha en que USCIS recibe una solicitud en papel, no la fecha de envío. [Actual USA, Voz Federal]

• Un panel unánime del Noveno Circuito impidió que la Ley No Vigilantes de California se aplique a agentes federales. La ley exige que los agentes, incluidos los de ICE, muestren identificación bajo amenaza de sanción penal. El fallo del 14 de octubre revocó la negativa de un tribunal inferior a conceder al gobierno federal una orden judicial preliminar. Concluyó que el requisito regulaba indebidamente operaciones federales sin la aprobación del Congreso. [Justia Verdict, Conduit Street]

• El Departamento de Corrección de Idaho firmó un acuerdo 287(g) con ICE. FAIR lo describe como la segunda agencia estatal de Idaho en hacerlo. El acuerdo usa el modelo de Oficial de Servicio de Órdenes (Warrant Service Officer), en el que personal penitenciario designado ejecuta órdenes de ICE. Ese modelo es uno de los esquemas de delegación que ICE describe para el programa. [FAIR, U.S. Immigration and Customs Enforcement]

• La ACLU califica un programa de inteligencia de ICE de 100 millones de dólares como “una agencia de policía secreta doméstica en gestación”. El programa, llamado ERO ONE, contrataría a 142 analistas de “inteligencia” contratistas para identificar “amenazas” y analizar “relaciones”. [American Civil Liberties Union]

• Una jueza de cancillería de Nashville bloqueó temporalmente que Tennessee exija verificaciones de estatus migratorio en un programa de red de protección contra el VIH/sida. La orden de restricción de la jueza I’Ashea L. Myles cubre el programa Ryan White y la ayuda de vivienda HOPWA. Hay una audiencia fijada para el 4 de noviembre en la demanda presentada por Nashville CARES. [Tennessee Lookout]

• Springfield, Ohio, pierde empleos y negocios mientras residentes haitianos enfrentan la deportación. The Washington Post informa que residentes haitianos se quedan en casa o se van tras el fin de su Estatus de Protección Temporal. Residentes y defensores también iniciaron una peregrinación de cuatro días y 40 millas hasta Columbus en protesta por prácticas de ICE, incluidos los grilletes electrónicos. La caminata termina con una manifestación el 24 de octubre. [The Washington Post, The Haitian Times]

• Funcionarios de Minnesota dicen que el Departamento de Justicia volvió a dejar de compartir pruebas en las investigaciones de las muertes de Renee Good y Alex Pretti. El cambio plantea dudas sobre posibles cargos penales contra los agentes federales involucrados. [Star Tribune]

• El Boletín de Visas de noviembre de 2026 adelanta algunas fechas de corte. WR Immigration resume un avance de tres meses para EB-2, uno de cinco meses para EB-3 Otros Trabajadores y avances de un año en varias categorías familiares. [WR Immigration]