Esta edición en 8 diapositivas Hojéalas ↓
Hoy: cómo localizar a personas bajo custodia de ICE, la supervisión de las condiciones de detención y el creciente alcance del escrutinio migratorio.
Miles de personas no aparecen en el localizador público de ICE
Organizaciones jurídicas estiman que entre 16.000 y 20.000 personas bajo custodia de ICE ya no aparecen en su localizador público de detenidos porque tienen órdenes definitivas de deportación; una demanda federal presentada el 28 de octubre en Boston busca restablecer el acceso a sus ubicaciones. Desde aproximadamente el 15 de septiembre, las búsquedas de estos adultos no arrojan resultados, aunque siguen detenidos, un cambio del que The Washington Post informó por primera vez el 21 de septiembre. Los demandantes señalan que los abogados necesitan esa información porque las personas con órdenes definitivas aún pueden solicitar la reapertura de sus casos, impugnar su detención u oponerse a su deportación a un tercer país. Documented también ofrece una guía en chino para comunicarse con familiares detenidos. [Amica Center for Immigrant Rights, The Washington Post, Documented]
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Crece la detención mientras ICE recurre más a las autoinspecciones
La población diaria promedio detenida por ICE aumentó más del 50%, hasta 61.817 personas, entre abril de 2025 y abril de 2026, mientras la agencia sumó más de 40 centros que retienen a personas durante más de 72 horas, informó el 5 de noviembre la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO). Varios cambios simultáneos en la supervisión supusieron inspecciones menos frecuentes en algunos casos y una mayor dependencia de las inspecciones realizadas por los propios centros. La GAO determinó que ICE no ha evaluado cómo esos cambios afectaron su supervisión de la atención médica, los servicios de alimentación y otras normas de detención. [Government Accountability Office]
Los planes de pago del IRS se convierten en un obstáculo para la ciudadanía
USCIS está denegando la ciudadanía por acuerdos de pago a plazos con el IRS y prórrogas para presentar declaraciones sin haber pagado a tiempo, según denegaciones examinadas por Bloomberg Law. Abogados señalan que antes los planes de pago se consideraban prueba de la voluntad del solicitante de cumplir sus obligaciones tributarias; las denegaciones se producen tras un memorando de 2025 que instruyó a los funcionarios a evaluar de forma integral el «buen carácter moral». El portavoz de USCIS Zach Kahler calificó el cumplimiento tributario como «un requisito legal de larga data», mientras que Doug Rand, exfuncionario de la agencia, anticipó que las apelaciones prosperarían. Korea Daily también informa de un examen más riguroso de los antecedentes tributarios de quienes solicitan la residencia permanente. [Bloomberg Law, Korea Daily]
ICE compra rastreo de teléfonos mediante publicidad en aplicaciones
ICE gastó unos 9 millones de dólares entre 2022 y 2026 en contratos que incluían Webloc, una herramienta que localiza teléfonos mediante datos de ubicación que circulan por las subastas de publicidad en aplicaciones, informa Bloomberg. Los contratos se firmaron con Cobwebs y Penlink; el Departamento de Justicia sostiene que las garantías que exigen una orden judicial no se aplican a los datos de ubicación adquiridos comercialmente. Más de 70 legisladores demócratas que en marzo consultaron al inspector general del DHS sobre el uso de Webloc por parte de ICE afirman que no han recibido respuesta. El DHS asegura que ICE solo utiliza herramientas para las que tiene autorización legal. Infobae informa que Citizen Lab determinó que el sistema utiliza datos de hasta 500 millones de dispositivos. [Bloomberg, Infobae]
Una jueza cuestiona la política de monitoreo por GPS de ICE
Un supervisor de ICE en Denver declaró el 5 de noviembre ante la jueza federal Nina Y. Wang que una política escrita de la sede central exige monitoreo por GPS para las personas liberadas durante sus procesos de deportación, salvo que haya problemas médicos que lo impidan. En la audiencia sobre las restricciones que ICE añadió a una liberación ordenada por el tribunal, un fiscal federal no pudo citar ninguna decisión de la Corte Suprema ni del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito que permita a una agencia endurecer las condiciones de liberación impuestas por un juez. Wang indicó que podría investigar la conducta de ICE, un día después de que la jueza Charlotte N. Sweeney abriera una investigación sobre las nuevas detenciones de personas liberadas por orden judicial. [Colorado Politics]
Próximamente
Las próximas cuatro semanas.
- 9 de noviembre de 2026
DHS propone cobrar a estudiantes F-1 $70,000 por un período inicial de Capacitación Práctica Opcional (OPT) y $30,000 por un período posterior. Las tarifas no están vigentes: los comentarios sobre la regla propuesta cierran el 9 de noviembre, y los comentarios específicamente sobre el papeleo obligatorio y las estimaciones de recopilación de información cierran el 7 de diciembre.
- 10 de noviembre de 2026
DHS propone poner fin a la norma que permite a ciertos trabajadores H-1B, O-1 y de otras categorías cubiertas—y a sus familias—permanecer en Estados Unidos hasta 60 días después de perder el empleo. El período de gracia sigue vigente por ahora; los comentarios sobre la propuesta cierran el 10 de noviembre.
- 13 de noviembre de 2026
USCIS propone poner fin a la norma que, por lo general, indica a los funcionarios dar peso a una aprobación anterior al decidir una prórroga con los mismos hechos. La propuesta no está vigente; los comentarios cierran el 13 de noviembre.
El 13 de noviembre cierran los comentarios sobre la regla de DHS que reduce de 30 a 10 días el plazo para que las personas refugiadas respondan a avisos que proponen terminar su estatus. Un tribunal bloqueó el plazo reducido hasta el 6 de noviembre para quienes recibieron entre el 14 y el 27 de octubre avisos que les daban menos de 30 días.
- 16 de noviembre de 2026
Las personas que solicitaron o recibieron beneficios por desempleo verán que su información confidencial del programa de desempleo (UC) podrá entregarse a funcionarios federales: la regla final obliga a las agencias estatales a darle esos datos al gobierno federal, incluida la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG), para auditorías, supervisión del programa y detección de fraude.
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Panorama del sistema
- Justin Sherman escribe que ninguna agencia federal encargada de hacer cumplir la ley, incluidos los componentes del DHS, ha publicado un marco o informe de transparencia comparable sobre sus compras de datos comerciales, a diferencia de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional, que emitió su primer informe en septiembre. [Lawfare]
- La Electronic Frontier Foundation demandó al Departamento de Justicia y al DHS para obtener registros sobre las exigencias del gobierno de retirar aplicaciones que documentan la actividad de las autoridades migratorias. [Law360/MLex]
- En el caso Chomorro Castillo, la Junta de Apelaciones de Inmigración resolvió que los tribunales no tienen que tomar más medidas cuando una notificación enviada por correo a la única dirección registrada se devuelve por no poder entregarse. Su dirección era correcta, pero su buzón estaba lleno; faltó a la audiencia y se ordenó su deportación. [The Asylumist]
- KFF concluye que las directrices de USCIS sobre carga pública dejan sin aclarar definiciones clave y la lista de beneficios que los funcionarios pueden considerar. Las directrices del 18 de agosto acompañan la norma que entró en vigor el 18 de septiembre; KFF señala que la incertidumbre probablemente hará que más familias inmigrantes eviten la cobertura y la atención médica. [KFF]
- A partir del 1 de enero de 2027, los subsidios del Mercado de Seguros Médicos se limitarán a residentes permanentes legales, personas admitidas como entrantes cubano-haitianos y migrantes amparados por los Pactos de Libre Asociación. Los refugiados, asilados, titulares de TPS y personas con visas temporales podrán seguir comprando planes sin subsidios; KFF estima que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderán la cobertura debido a la ley tributaria y presupuestaria de 2025. [El Tiempo Latino]
- Un juez federal de Maryland prorrogó un acuerdo que protege a ciertos solicitantes de asilo de la deportación hasta que sus solicitudes se tramiten por completo, tras determinar que el DHS deportó indebidamente al menos a 84 personas amparadas por el acuerdo. [Law360]
- El senador Chris Van Hollen solicitó registros y una investigación independiente sobre la muerte de Julian Curo-Churata, ocurrida el 29 de septiembre bajo custodia de ICE. También planteó la posibilidad de represalias contra la esposa de Curo-Churata, Veronica Ramirez, cuya notificación de comparecencia estaba fechada tres días después de que hablara con The Washington Post sobre la muerte de su esposo. [U.S. Senate]
- Las agencias policiales de Pensilvania con acuerdos 287(g) para colaborar con ICE casi se duplicaron en seis meses, de 78 en abril a 146, según The Philadelphia Inquirer. A escala nacional, el DHS contabilizaba 2.698 acuerdos al 20 de octubre, frente a los 135 que había al inicio de la administración. [The Philadelphia Inquirer]

